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15:30:00 | 07 de Febrero del 2012

Crear las condiciones adecuadas con el fin de introducir mayor competencia en los mercados, es uno de los objetivos de las políticas públicas que debe llevar a cabo el Ejecutivo, en su interés por mejorar las oportunidades para emprendedores y consumidores. Un rol clave en esta tarea la cumplen los órganos encargados de velar por un sano funcionamiento de los distintos sectores de la economía: la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
En días recientes, se conoció el fallo del denominado "caso farmacias" después de más de tres años de proceso, donde la FNE logró acreditar "de manera inequívoca el actuar coordinado de dichas cadenas", como reseñó un comunicado oficial del organismo. En su papel de fiscalizador, el ente - dirigido por Felipe Irarrázabal-  está usando sus atribuciones para la defensa de la competencia, tal como dicta su misión institucional.  Esta se refiere a la actividad directa de la FNE contra prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, como asimismo, al análisis de concentraciones empresariales que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor. En el marco de sus facultades, la FNE actúa en la instrucción de investigaciones y elaboración de informes que el TDLC le solicita sobre causas en trámite.
En palabras del fiscal, este año su tarea tendrá énfasis en la detección y desbaratamiento de carteles que son en extremo dañinos para la competencia y la economía de mercado. Porque, tal como hemos dicho desde estas mismas páginas, no se trata de fallas del modelo ni se supone que la solución sea cambiar el sistema económico, sino que son prácticas abusivas que afectan la esencia de una economía de mercado. Por ello se deben introducir correcciones y aplicar sanciones y multas, a fin de cuidar la libertad de emprender que permite oportunidades para todos.